Justicia
La aplicación de la IA al campo de la Justicia puede contribuir a mejorar su eficiencia y calidad pero debe implementarse de manera responsable, de forma que garantice la protección de los derechos fundamentales de los individuos y sus datos personales. En diciembre de 2018, el Consejo de Europa presentó la primera Carta Ética Europea sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en Sistemas Judiciales. Este documento proporciona una serie de principios destinados a servir de guía para legisladores, políticos, juristas y profesionales de la Justicia en la gestión del rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial en el ámbito de los procesos judiciales nacionales.
La Carta, adoptada por la comisión del Consejo para la eficiencia de la justicia (CEPEJ), va acompañada de un estudio en profundidad sobre el uso de la Inteligencia Artificial en los sistemas judiciales y, en especial, de las aplicaciones de IA que procesan las decisiones y los datos judiciales. Según este estudio, en los Estados Unidos, los "abogados robot" ya están trabajando y parecen conversar en lenguaje natural con los humanos. Las empresas que se especializan en el diseño de nuevos servicios legales ofrecen nuevas aplicaciones que permiten acceso en profundidad a información judicial y jurisprudencia. Estas compañías privadas incluso pretenden predecir las decisiones de los jueces con herramientas de "justicia predictiva". Sin embargo, los jueces europeos no parecen estar haciendo un uso práctico y diario del software predictivo, aunque se han realizado pruebas locales y trabajos académicos para explorar su potencial.
La iniciativa para el desarrollo de estas herramientas proviene en gran parte del sector privado, cuya clientela se compone, principalmente, de compañías de seguros, abogados y servicios legales que desean reducir la incertidumbre jurídica y la imprevisibilidad de las decisiones judiciales. Sin embargo, empiezan a mostrar gran interés por que los legisladores integren sus versiones "beta" en las políticas públicas de Justicia. Por lo que es fundamental dotar a los responsables públicos de directrices para la comprensión del fenómeno de la "justicia predictiva", así como de sus beneficios y riesgos potenciales. Sus partidarios destacan sus activos en términos de transparencia, previsibilidad y estandarización de la jurisprudencia, sus críticos señalan las limitaciones y el sesgo de razonamiento del software. Los riesgos, de hecho, pueden incluso trascender el acto de juzgar y afectar a elementos esenciales del funcionamiento del Estado de derecho y los sistemas judiciales.
El procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático son las dos técnicas fundamentalmente utilizadas en el procesamiento de las decisiones judiciales mediante IA. En la mayoría de los casos, el objetivo no es reproducir el razonamiento legal sino identificar las correlaciones entre los diferentes parámetros de una decisión (en una demanda de divorcio, por ejemplo, la duración del matrimonio, el ingreso de los cónyuges, la existencia de adulterio, etc.) para, mediante el uso del aprendizaje automático, inferir uno o más modelos que se utilizarían para "predecir" o "prever" una decisión judicial futura.
Existen ya herramientas en el mercado, de analítica jurisprudencial, que permiten tomar decisiones procesales de forma rápida a través de indicadores gráficos basados en el análisis cognitivo de millones de decisiones judiciales. En este caso, la IA se aplica a la argumentación legal y a la estrategia procesal fundada en criterios predictivos. Se trata, en definitiva, de que un abogado pueda indicarle a su cliente qué probabilidades tiene de éxito y cual podría ser la duración del proceso, entre otros.
Por otra parte, no se puede negar el gran potencial de la IA para ayudar a los profesionales legales en su trabajo. No hay duda de que algunas aplicaciones, como las diseñadas para mejorar la investigación legal, podrían ser muy útiles para procesar la carga de trabajo judicial de manera más rápida y eficiente. Además, mediante la IA, ya es posible aportar al profesional del derecho, de una forma amigable e intuitiva, una visión inédita del proceso judicial, permitiéndole reducir el tiempo dedicado a actividades de preparación del caso.
